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21 AGOSTO 2017
 

IHCantabria asesora la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobada esta semana

España es uno de los primeros países del mundo en aprobar esta herramienta

España se ha convertido esta semana en uno de los primeros países del mundo en aprobar una estrategia nacional de adaptación de sus 7.883 kilómetros de costa a los efectos del cambio climático, en la que concluye que no caben más infraestructuras, construcciones y desarrollos urbanos en el litoral.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge esta semana la aprobación de esta herramienta, mandato de la Ley de Costas de 2013, que ha contado con el asesoramiento científico del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), pioneros a nivel mundial en la materia, con la realización de sendos informes “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española” y el “Estudio Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española”.

La estrategia diagnostica la situación actual de la costa y concluye que "el modelo de desarrollo económico implantado en las últimas décadas y la explotación de los recursos ha supuesto una amenaza para el litoral, incrementando su exposición y vulnerabilidad al cambio climático debido a la presión urbanística y a la degradación sufrida".

"La urbanización desmesurada de las últimas décadas, la construcción de infraestructuras en el litoral y la disminución del caudal sólido de los ríos ha modificado la línea de costa, destruyendo dunas, desecando marismas y lagunas costeras, aumentando la erosión y alterando el litoral mediante diques y espigones", indica el texto.

Partiendo de esa situación y de las previsiones de los impactos del calentamiento, la estrategia "marca unas directrices generales de cómo para abordar esos efectos en la costa con una visión integradora, en la que se abarca no solo el dominio público costero, competencia del Gobierno, sino áreas de gestión autonómica", en opinión del Director de Investigación de IHCantabria, y autor de los informes, Íñigo Losada.

"La estrategia valora los riesgos más allá de las competencias estatales y sienta las bases para actuar".

En el marco de esos riesgos, el documento determina que el aumento del nivel del mar y la subida de temperatura -con las serias implicaciones de esto último para los ecosistemas- serán los principales impactos en la costa, seguidos de las tormentas y temporales (más viento y oleaje), y del déficit de aportes de agua dulce.

La costa asturiana como Laboratorio

La Oficina Española de Cambio Climático del Gobierno (OECC) no sólo se ha basado en las predicciones científicas para evaluar los riesgos para el litoral, sino que ha tomado los 500 kilómetros de costa de Asturias como un laboratorio vivo para evaluar impactos y respuestas gracias a un proyecto piloto llevado a cabo junto con el Principado en los últimos años.

Ante esta situación, la estrategia desglosa todo un abanico de opciones para adaptarse a los riesgos, dando prioridad a la planificación y el seguimiento, y a las llamadas "infraestructuras verdes” frente a las grises.

Es decir, que frente a nuevas obras de ingeniería para proteger la costa, la estrategia apuesta por proteger los ecosistemas naturales que ejercen esas funciones, preservando ríos, deltas, dunas, estuarios, humedales o marismas, y restaurando los que han dejado de prestar sus servicios por la degradación o destrucción humana.

Concluye que "los beneficios de protegerse frente al incremento de las inundaciones costeras y la pérdida de territorio debido a la inundación progresiva y la erosión son mayores que los costes sociales y económicos de la adaptación".

Sin medidas de adaptación los aproximadamente 15 millones de españoles que viven en 487 municipios costeros de 24 provincias y 10 Comunidades Autónomas se verán afectados por inundaciones costeras o desplazamientos por pérdida de territorio a finales de siglo.

Por eso, Íñigo Losada considera que esta estrategia es un "hito importante" para una "gestión integrada de la adaptación en la costa, una herramienta que no posee todavía de manera tan detallada ningún otro país del mundo".

Será la base para que las Comunidades Autónomas ejecuten planes de adaptación en los tramos de costa que tienen concesionados, y para los que en algunos casos ya están recibiendo fondos del Gobierno para este fin.



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