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​El pleno del Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC), reunido hoy en sesión extraordinaria, ha dado el visto bueno a la orden de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas universitarias para el curso 2018-2019.

De esta forma, el Consejo Social, presidido por José Luis Zárate, ha informado favorablemente sobre la propuesta de reducir los precios públicos en los estudios de máster habilitante en un 10% y en un 17% para los másteres no habilitantes, para tender, según se ha explicado en la reunión, "hacia la convergencia de los precios de máster con los de grado".

Por su parte, los miembros de este órgano de participación de la sociedad en la UC han visto favorable el mantenimiento de los precios públicos para los estudios de grado, conservando así la institución cántabra su posición como una de las universidades españolas con el precio del crédito más barato en primera matrícula.

Entrada en vigor nueva Ley del Consejo Social

Precisamente hoy ha entrado en vigor la nueva Ley del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, aprobada el 4 de junio en Parlamento de Cantabria que modifica la composición del Consejo, dando presencia a la Federación de Municipios y al Consejo Escolar de Cantabria. Asimismo, se aumenta de mayoría absoluta a dos tercios los votos necesarios para la elección de los cuatro miembros a designar por el Parlamento.

De los seis vocales que representan a la comunidad universitaria, tres serán natos -el rector, el secretario general y el gerente- y los otros tres serán elegidos por el Consejo de Gobierno de la UC de entre sus miembros.

Los catorce vocales que representan los intereses sociales de la comunidad autónoma deberán ser personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social y no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria.

Cuatro serán elegidos por el Parlamento por mayoría de dos tercios --igual que en la ley anterior--; dos por los sindicatos; otros dos por las organizaciones empresariales más representativas; uno por el Consejo Escolar; uno por la Federación de Municipios; otro por el Presidente del Consejo Social y tres por el Gobierno de Cantabria: el director general de universidades, un director general de la Consejería de Economía, y un vocal designado entre personas con experiencia en los campos de la ciencia, la tecnología, de la administración pública, profesional, de la economía y del trabajo.

Además, se establece un periodo máximo de duración del mandado de los vocales de ocho años que la anterior normativa no contemplaba y se regulan de manera más extensa los derechos y deberes de los vocales. En cuanto a la estructura orgánica del consejo social, funcionará en pleno y en las comisiones que se creen.

Foto: Reunión del Consejo Social de esta mañana, en la que se ha informado favorablemente sobre propuesta de precios públicos para el curso 2018/2019.