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El urbanismo y cómo algunas decisiones afectan a los ciudadanos ha sido hoy el asunto analizado en el encuentro organizado en Comillas en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

Así, el presidente de ARCA, Carlos Javier García López, ha reclamado un Plan de Ordenación del Territorio, por considerarlo el "mejor camino para marcar las líneas rojas que no se deben traspasar y evitar así la construcción de ilegalidades". Y es que, a su juicio, la ausencia de dicho plan "en el que se trabajó, había un consenso del 70% pero que se ha abandonado no sabemos por qué intereses", permite que "algunos municipios traspasen ciertas líneas rojas por intereses o presiones".

La jornada, además de a ARCA, colectivo que vela por la legalidad urbanística, ha reunido a las partes implicadas en el problema de las construcciones ilegales y los derribos: la administración regional, la visión jurídica a través de la directora general Ana Sánchez Lamelas y la voz de los ciudadanos afectados a través de la asociación AMA.

El director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía, defendió los planes de ordenación urbana de cada municipio como herramienta para poner en orden y dar solución a estas situaciones.

Así, puso como ejemplo el PGOU de Miengo, con 110 viviendas afectadas, donde "la aprobación del planeamiento permitió ordenar el territorio y salvar unas situaciones que en principio no se adecuaban a la legalidad y se evitó así tener que derribarlas", recordó. Un proceso de aprobación de los planeamientos en los que se encuentran inmersos actualmente otros ayuntamientos como Argoños o Piélagos, "y donde veremos qué situación se produce a la vista del resultado de estas aprobaciones".

No obstante, reconoció que no siempre se pueden legalizar las construcciones. Así ocurrió con el Alto del Cuco (Piélagos), "cuyo derribo ejecutamos para que sirviera de ejemplo de que allí no se podía hacer lo que se hizo", recordó. Al respecto, el director general de Urbanismo de Cantabria anunció que, "en un mes o mes y medio", comenzarán los trabajos de regeneración de la ladera donde se levantaron estas viviendas ya derribadas.

González Buendía cifró en 2,5 millones de euros el importe total del dinero que el Gobierno de Cantabria ha destinado ya al abono de indemnizaciones por daños morales a los afectados por derribos. Un proceso en el que, destacó, "hasta que llegamos los perjudicados tenían que acudir a los tribunales para obtener esa indemnización; ahora se ha reconocido en vía administrativa y cuando se ve que son terceros de buena fe se les paga, lo que es un gran avance", dijo.

La visión de los afectados por derribos en Cantabria -al encuentro celebrado hoy en Comillas acudió una treintena de personas de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA)- la aportó el presidente de este colectivo, Antonio Vilela, quien recordó que durante sus 20 años de lucha se han quedado por el camino en torno a 90 cántabros "afectados que murieron antes de ver una solución".

Junto al abono de indemnizaciones por daños morales, "que es positivo", Vilela sí reclamó también el pago a los afectados de los daños patrimoniales, "que es donde las familias tienen secuestrados sus ahorros desde hace 20 años, y a eso hay que darle una solución, tanto desde la Administración como desde la Justicia", dijo.

En este encuentro, que fue inaugurado por la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, y la directora de los Cursos de Verano de la UC, Marina Torres, también participó el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones por la Justicia en Urbanismo, encargado de dar la visión global de las construcciones ilegales en España, donde se calcula que hay un millón de viviendas fuera de ordenación.

"Nuestra defensa es regularizar en la medida de lo posible, salvo casos de peligro o infracciones medioambientales graves", dijo, y reclamó un enfoque "más humano" de este problema.