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08 MAYO 2018
 

El Gobierno apoyará a la UC para fomentar la investigación en materia de consumo

El rector Ángel Pazos y el consejero Francisco Martín firman dos convenios dirigidos a la protección jurídica de los consumidores y a financiar estudios de Máster en Derecho de Comercio y Consumo

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, apoyará a la Universidad de Cantabria (UC) en su labor de fomento de la investigación en materia de consumo y para financiar los gastos de matrícula del Máster en Derecho de Comercio y Consumo.

El rector de la UC, Ángel Pazos, y el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín,  han firmado esta mañana en el despacho del consejero, en el PCTCAN, sendos convenios de colaboración por los que la Consejería dedicará 20.000 euros para la labor investigadora de la UC destinada a fomentar la investigación en la defensa de los consumidores y usuarios y otros 12.000 para las matrículas de los cursos de postgrado.

El rector Pazos explicó en declaraciones a los medios que los convenios son una muestra más de la "estrecha colaboración" que la UC tiene con el Gobierno para aunar esfuerzos y contribuir al objetivo de ambos, "que es el avance de la investigación y de la formación", en este caso, "en lo que se refiere al consumo y a la protección del consumidor".

Así, estos convenios "van en la dirección de garantizar los derechos del consumidor, un consumo más seguro, más tutelado y, en este sentido, la Universidad está de la mano del Gobierno para apoyarle en todo lo que pueda significar mejora de la sociedad", añadió Pazos.

La UC, uno de los mayores socios que tiene el Gobierno

Por su parte, el consejero Martín señaló que la UC es uno de los mayores socios que tiene el Gobierno para la puesta en práctica de estudios, de estrategias y de futuro, añadiendo que "el euro más rentable que puede gastarse es el que va dirigido a la investigación de la universidad".

Martín detalló que los convenios firmados con Pazos sirven para que se aporte conocimientos que se demandan desde el Gobierno, pero también para que investigadores juniors se puedan formar. En este sentido, el consejero apuntó que el Gobierno recibe información requerida en materia de defensa jurídica de los consumidores.

En criterio de Martín, ha habido en los últimos años cierta corriente en el mundo de la protección del consumidor destinada a la formación y "quizás se ha abandonado un poquito la dedicada a lo que es la defensa jurídica ágil, que es en lo que queremos profundizar".

El proyecto de la UC de 'Fomento de la investigación en el ámbito de la protección jurídica de los consumidores', cuyo equipo investigador está formado por el catedrático Jorge Luis Tomillo Urbina y los profesores Julio Álvarez Rubio y Belén Díaz Díaz, consiste en el desarrollo de actuaciones que contribuyan a incrementar la protección jurídica de los consumidores en el mercado, en un escenario en el que la situación de crisis económica ha incidido negativamente en la tutela de los derechos básicos de consumidores y usuarios.

Según se indica en la memoria técnica del proyecto, "el análisis de nuevas técnicas e instrumentos de tutela se realizará a través del establecimiento y potenciación de redes transnacionales de investigación en materia de consumo, implementándose una red de l+D que ponga en contacto a los principales expertos en derecho de consumo de Europa y América, de forma que el estudio comparado de los distintos sistemas tuitivos propicie el desarrollo combinado de nuevas estrategias de protección".

El convenio también contempla el diseño, implementación y realización de actuaciones de información, formación y educación en materia de consumo para que el consumidor conozca sus derechos no sólo desde el punto de vista teórico, sino también práctico, proporcionándole la información necesaria para la efectiva defensa de sus intereses económicos.

Con respecto al convenio de apoyo a las matrículas del Máster en Derecho de Comercio y Consumo de la UC, los beneficiarios de las ayudas a las matrículas serán licenciados o graduados en carreras que incluyan conocimientos suficientes en Derecho, de acuerdo a las normativas europeas, así como los árbitros acreditados o que estén en trámite de acreditación y que hayan actuado o actúen en la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria. En el convenio se articula el procedimiento de selección de las ayudas a los cursos, así como los respectivos criterios de adjudicación, tanto para los licenciados y graduados como para los árbitros de consumo.

Pie de foto: El consejero Martín y el rector Pazos, tras la firma de los convenios.



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