Abstract: La tutela judicial efectiva, junto con otra serie de garantías constitucionales, se verá indiscutiblemente afectada por la implantación de la mediación en el proceso penal, lo que exige revisar algunos elementos que han de ser removidos para que aquella se pueda implementar en el sistema sin que se produzca la ruptura de éste. Así, especialmente, parece necesaria, entre otras, una reflexión sobre el acusador particular y acusador popular, figuras que otorgan a las víctimas y a los ciudadanos una posición privilegiada en el proceso sin parangón en otros países de nuestro entorno; sin olvidar la aparente pérdida o renuncia de los derechos del imputado en la mediación, como elemento esencial de la misma.

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