Abstract: Los patrimonios especialmente protegidos de las personas con discapacidad constituyen una herramienta para proteger patrimonialmente a las personas con discapacidad diseñada para que tuvieran una vida digna cuando faltaran sus principales apoyos. Su configuración como instrumento de ahorro a medio plazo se ha diluido con la reforma operada por la Ley 1/2009, que permite la disposición inmediata de sus fondos para atender necesidades vitales de la persona con discapacidad. En este artículo se examina el alcance que esa modificación tiene en el ámbito fiscal.

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