Abstract: El objeto de este trabajo es examinar las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero, cuestionando su adecuación a principios constitucionales básicos y al Derecho de la Unión Europea. Además, se analizan de forma especial las consideraciones realizadas por la Comisión Europea en su Dictamen motivado de 15 de febrero de 2017.

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