Abstract: La jurisprudencia española está empezando a reconocer la responsabilidad del Estado derivada de los pronunciamientos emitidos por los comités de expertos de Naciones Unidas cuando estos consideran que España ha vulnerado algún derecho reconocido en los tratados de derechos humanos. Se trata de un hecho insólito, desconocido en el panorama internacional, que puede tener importantes repercusiones económicas y jurídicas. El presente trabajo analiza un aspecto concreto que constituye la base sobre la que se sustentan los recientes pronunciamientos jurisprudenciales: el pretendido carácter vinculante/obligatorio de los pronunciamientos de estos comités. En las páginas finales del estudio se esbozan las dificultades que plantea articular la correspondiente indemnización a través de la institución de la responsabilidad patrimonial.

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