Abstract: En el artículo se explica por qué los órganos económico-administrativos y la propia revisión económico-administrativa, a través de los que se materializa la tutela administrativa de los intereses públicos y privados que entran en conflicto por una actuación administrativa tributaria o recaudatoria y se ejerce el derecho de recurso administrativo, encuentran justificación institucional en el fundamental derecho a una buena administración, derecho que se halla implícitamente reconocido en el ordenamiento constitucional español. Se da cuenta de la creación de los órganos económico-administrativos municipales, particularmente del de Madrid. Y también se reflexiona acerca de la participación de dichos órganos en el origen y funcionamiento del sistema de justicia administrativa, aportando ideas al debate sobre la oportunidad de organizar una nueva jurisdicción fiscal.
