Abstract: La coincidencia, en la última semana de julio, de la publicación del RD 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), y de la presentación en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro y contratación y se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica, hace aflorar un interesante e inesperado conjunto de cuestiones y problemas que ponen a prueba el principio de acceso efectivo de los consumidores a la justicia.

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