Abstract: La puesta al día de los valores catastrales requiere, prima facie, la promoción de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, con aprobación de una ponencia de valores total. Aunque la Ley del catastro prevé su puesta en marcha en todo caso al menos cada diez años desde la entrada en vigor de los valores catastrales, la previsión normativa ha sido reiteradamente incumplida, lo que determina que el trascurso del tiempo provoque la desactualización del valor catastral y su alejamiento del valor al que pretende aproximarse, la mitad del valor objetivo de mercado. Tradicionalmente las Leyes de presupuestos han actualizado los valores catastrales por coeficientes para adecuarles a la evolución de la inflación, y, desde hace ya una década, esa actualización ha podido realizarse aplicando coeficientes diferentes en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores de cada municipio. El presente trabajo reflexiona sobre esa actualización por coeficientes y su adecuación a los principios de justicia tributaria, incidiendo especialmente en la quiebra del principio de igualdad en la contribución al sostenimiento de los gastos públicos que se produce al calcular la renta inmobiliaria imputada en el IRPF por la tenencia de bienes inmuebles aplicando a valores actualizados por coeficientes cercanos a la mitad del valor de mercado el mismo coeficiente que a otros valores catastrales de la misma antigüedad desactualizados.

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