Abstract: El presente estudio plantea un enfoque crítico de un polémico precepto introducido en la Ley de Finanzas de Cantabria, única norma autonómica en la materia que lo recoge expresamente, que parece generalizar la figura civil del enriquecimiento sin causa o enriquecimiento injusto como fuente de las obligaciones asumidas por la Administración, analizando su arquitectura y poniendo de relieve que dicho
precepto parece buscar la complicidad escalonada de hasta cinco centros de imputación implicados en la tramitación del correspondiente expediente a fin de diluir eventuales responsabilidades derivadas de la inaplicación pura y simple de la normativa contractual, convencional y presupuestaria, en una suerte de atajo jurídico presuntamente bañado en una excepcionalidad que, en realidad, corre el riesgo de trocarse en normalidad en la gestión del gasto público
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