Abstract: Cierto es que el transporte aéreo internacional de pasajeros cuenta en la actualidad con un régimen legal uniforme, integrado tanto por normas de origen internacional como comunitario, destinado principalmente a incrementar la protección jurídica del pasajero. Ahora bien, un análisis detallado del ámbito de aplicación de tales textos normativos, principalmente, del Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999 así como del Reglamento (CE) 889/2002, de 13 de mayo de 2002 y del Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero de 2004, pone de manifiesto cómo determinadas cuestiones que giran en torno al contrato de pasaje, entre ellas, la determinación del Tribunal internacionalmente competente y del Derecho aplicable, quedan sujetas, por una incorrecta incorporación normativa, a las reglas generales contenidas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000 y en el Reglamento (CE) nº 593/2008, de 17 de junio de 2008 (Roma I). Y es precisamente, en este ámbito, donde se vislumbra la delicada posición jurídica en la que queda sumido el pasajero, que pese a ser la parte débil del contrato, es tratado como si actuara en pleno pie de igualdad respecto a su co-contratante: la compañía aérea. Situación esta que se ha intentando mitigar por parte del TJCE en su reciente Sentencia de 9 de julio de 2009, en el Asunto C-2004/2008, Peter Redher c. Air Baltic Corporation pero que deja abiertos muchos interrogantes y constatada una realidad: la «doble moral» de las instituciones comunitarias respecto a los pasajeros, considerados dignos de protección a través del Derecho material uniforme pero relegados a un segundo plano desde el prisma de las normas de competencia judicial internacional y de Derecho aplicable al contrato. En definitiva, una situación jurídica que sólo se explica, más en ningún caso se justifica, si se hacen prevalecer los fuertes e importantes intereses económicos en juego.

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