Abstract: El Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve la escasa regulación del convenio de colaboración entre la Administración pública y personas sujetas al Derecho privado, con el riesgo latente de que sea utilizado para enmascarar un contrato oneroso o una subvención, vulnerándose los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, haciéndose eco de los criterios doctrinales de distinción entre el contrato, el convenio y la subvención, que atienden al interés perseguido y a quién compete su realización. El presente estudio defiende la tesis de la nulidad civil del convenio simulado por encerrar una causa falsa (la pretendida distribución o puesta en común de prestaciones con un supuesto interés coincidente), y ?como consecuencia? la nulidad administrativa del acto jurídico disimulado por prescindir del procedimiento establecido para contratar o para subvencionar. Como la simulación es un vicio de la causa del negocio jurídico, es necesario que la fiscalización del convenio de colaboración indague en el interés real querido por las partes, conectando ese interés con la verdadera función económica del negocio convenido.
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