Abstract: RESUMEN. La actual crisis sanitaria y económica motivada por la pandemia del COVID-19 ha generado un discurso que, artificiosamente, contrapone la protección de la salud y el funcionamiento de las economías de los distintos Estados. No obstante, desde sus propios anclajes constitucionales, las consideraciones económicas son omnipresentes en la configuración jurídica de la prestación pública de asistencia sanitaria, cuyo eficaz diseño en modo alguno puede prescindir de aquellas, como esta reflexión acredita. E instrumentos como el «Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia» o las APAs consagran también a nivel europeo. Salud pública que, en atención al COVID-19 ha merecido un ímprobo esfuerzo económico.Las dos razones, económica y sanitaria determinan e informan convulsiones normativas en este campo, como se ha apreciado en las dos últimas grandes crisis, financiera y sanitaria. El SNS se vertebra sanitariamente, pero es un sistema «cordado» económicamente. Un conjunto de expresiones de tinte económico puebla la regulación y los pronunciamientos jurisdiccionales sobre esta materia. Dan vida al principio económico del sistema, que adquiere realidad orgánica en la existencia de múltiples comisiones, comités u órganos colegiados asesores varios. Y que se proyecta en titularidad, medios de satisfacción y, en lo que nos centramos, contenido de la asistencia pública sanitaria. En la financiación, categorización y actualización de la cartera de servicios. Y, en especial, en un haz conceptual propio de la prestación farmacéutica, vital a los efectos de entendimiento de ésta. Y ello a pesar, en la determinación de dicho contenido, juega la prestación por «accesoriedad» y, sobre todo, el «principio de reparación íntegra del daño causado» originado en causa profesional.

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